Intervención de la senadora Claudia Ruiz Massieu, durante los trabajos de la sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, en el Senado de la República, el jueves 7 de febrero de 2019.
Buenos días, senadora presidenta, senador presidente, colegas, compañeros.
Primero, unirme a los senadores que han hecho uso de la palabra en reconocer la disposición de estas comisiones de buscar la construcción de consensos, amplios y plurales en torno a esta importante propuesta de reforma constitucional.
Reconocer la comparecencia de los secretarios el viernes pasado que, sin duda, fortalece mucho el trabajo legislativo y la posibilidad de entablar un diálogo entre poderes como el que se presentó con la presencia de los secretarios de Marina, Defensa y Seguridad Pública.
En el Grupo Parlamentario de PRI tenemos claro que esta legislatura, y nosotros en lo individual, como senadoras y senadores de la República, tenemos una enorme responsabilidad de cara a la ciudadanía.
Primero, dotar al Estado mexicano de las instituciones que requiere para responder a las necesidades de los mexicanos, pero también la responsabilidad de todas las decisiones que tomemos, y más cuando se trata de reformar la Constitución, no pierdan de vista los parámetros en los que estas decisiones se tienen que tomar.
Por un lado, tenemos la necesidad urgente y evidente de darle fortaleza al Estado mexicano para enfrentar la situación de inseguridad en distintos puntos de la geografía nacional.
Pero, por otro lado, también tenemos la responsabilidad histórica, como senadores, de tomar estas decisiones en el marco de un Estado constitucional y democrático de derecho.
Y tenemos que compatibilizar esas dos responsabilidades y esas dos necesidades como senadores de la República. Por eso, el Grupo Parlamentario de PRI ha planteado, en ocasiones anteriores y en la sesión primera que tuvimos de la Comisión de Puntos Constitucionales, cómo tener un planteamiento que nos permita atender ambas necesidades y que nos permita construir los consensos plurales que le deben dar fuerza y una mayor legitimidad a cualquier reforma constitucional y a cualquier creación de una institución del Estado mexicano.
Y porque estamos muy reconocidos de la voluntad política que ha manifestado el presidente de la Comisión de Puntos y la presidenta de Estudios Legislativos Segunda, de buscar, justamente, una ruta que nos permita avanzar en la construcción de consensos; nosotros hemos sido muy francos en nuestros planteamientos.
El Grupo Parlamentario del PRI no puede acompañar la minuta en sus términos, pero sí queremos que el Estado mexicano tenga la fortaleza necesaria para enfrentar la urgencia en materia de seguridad y hacerlo con perspectiva de responsabilidad histórica.
Queremos una Guardia Nacional que no implique la militarización del país, una Guardia Nacional que solvente inquietudes legítimas que tenemos como senadoras y senadores, pero que también reconocemos y recogemos de los planteamientos de la sociedad civil.
Queremos que lo que aprobemos, si se construyen los consensos, no deje ninguna duda de la naturaleza civil de la Guardia Nacional, que sea establecido de manera inequívoca un mando civil.
Queremos que se cumpla con los criterios de convencionalidad que ya explicaba el senador Samuel García, que se respete el marco del sistema federal que también prevé la Constitución, que se note y se establezca con toda claridad un compromiso de fortalecimiento de las corporaciones civiles estatales y municipales de seguridad pública, que se establezca un claro control del Poder Legislativo sobre la nueva institución y también controles jurisdiccionales civiles para la misma.
Que tengamos claridad de cómo sería la transferencia de elementos del Ejército y de la Marina para que se integraran a la Guardia Nacional y cuál sería ese régimen de transferencia que tendrían estos elementos.
Y también entendemos que hay que dar un contexto y un asidero constitucional a las tareas que realizan ya las Fuerzas Armadas a quienes les reconocemos su entrega y su profesionalismo en las tareas que desempeña en distintos lugares del país para contribuir a la seguridad y a la tranquilidad y que les debemos dar esa tranquilidad de estar actuando en un marco
Pero que también recogemos lo que ya dijo la Corte Interamericana, que su actuación debe cumplir con esos cuatro criterios, que sea temporal, que sea extraordinaria, que sea subordinada a un mando civil y que sea complementaria a las tareas que realizan las fuerzas civiles de seguridad. Agregaríamos que sea fiscalizable por el poder legislativo.
Y la manera de acallar esas inquietudes y de construir una Guardia Nacional y construir un marco constitucional para la actuación temporal de las fuerzas armadas en materia de seguridad es, sin duda alguna, abrir el espacio necesario para que podamos hacer un trabajo serio y responsable.
Es abrir una instancia de parlamento abierto, como ya lo habíamos planteado, porque creo que la sociedad civil que ha venido trabajando estos temas, tiene planteamientos que tenemos que escuchar y buscar incorporar para poder fortalecer la decisión que aquí se tome.
Y es también trabajar de manera paralela en la legislación secundaria, porque ciertamente la Constitución debe establecer principios y criterios generales, pero es el desarrollo que se hace en la legislación secundaria lo que nos va a permitir conocer y definir el alcance de esta nueva institución.
De tal manera que para el Grupo Parlamentario del PRI, se trata de construir, no de obstruir, y por eso estamos buscando generar una ruta que nos permita, de manera plural, decidir en conjunto cuál es esa institución que queremos.
Proponemos, en concreto, una ruta con parlamento abierto, con plazos razonables porque también entendemos que estamos dentro de un contexto que requiere y exige al Poder Legislativo celeridad en la toma de decisiones, pero celeridad no quiere decir falta de seriedad.
Entonces, una ruta de parlamento abierto, con una cronología definida, que pudiésemos convenir; una ruta de trabajo paralela de cuando menos la Ley Orgánica, y el esbozo de algunas otras leyes complementarias que vendrían a fortalecer el sistema, como puede ser la Ley Nacional del Registro de Detenidos y una Ley de Uso de la Fuerza que, por cierto, el Grupo Parlamentario del PRD ya presentó una iniciativa en este sentido.
Proponemos también observar la técnica constitucional y no buscar reglamentar en la Constitución lo que se debe desarrollar en la legislación secundaria.
Y creo que si establecemos estos parámetros, todos podemos poner en la mesa, de manera constructiva, las inquietudes que hay y alternativas concretas para solventarlas y construir la Guardia Nacional que requiere el país.
Una Guardia Nacional que sea respetuosa del Estado democrático, del régimen de derechos humanos, del sistema federal y que, además, avancemos en un pendiente ya de décadas que tenemos en el país, que es el fortalecimiento de las instituciones civiles locales de seguridad, que son las que tienen por disposición constitucional la tarea de enfrentar los retos de seguridad pública.
Y al mismo tiempo, construir el régimen que le permita a las fuerzas armadas, en un horizonte temporal, definido y con límites muy claros del alcance de su participación, seguir desarrollando las tareas complementarias de seguridad, que ya vienen haciendo y que es importante darles ese respaldo constitucional, pero con un régimen específico, acotado y que cumpla con los parámetros convencionales que ya apuntó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ese sería el planteamiento del PRI, y nuevamente reconocerles la voluntad política de hacer una construcción de consensos y plural.
Lo que planteamos es una ruta constructiva para poder hacerlo con un tiempo razonable, pero también con la seriedad que amerita una reforma constitucional de este calado, y la construcción de una institución de esta importancia y de esta relevancia.
Muchas gracias.
