DISCURSO

Ponencia de Claudia Ruiz Massieu, durante los Foros de Parlamento Abierto para el Análisis y Discusión de la Reforma Electoral

Ciudad de México. Miércoles, 19 de junio de 2019




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Ponencia de la Presidenta del CEN del PRI, Dra. Claudia Ruiz Massieu, durante los Foros de Parlamento Abierto para el Análisis y Discusión de la Reforma Electoral, efectuada en la Cámara de Diputados, el miércoles 19 de junio de 2019.

Muchas gracias, diputados, diputadas; gracias a todos quienes nos acompañan y gracias, desde luego, por la invitación a este Foro.

Antes de empezar, algunos breves comentarios respecto del tema que nos convoca. Quisiera poner en la mesa dos temas que nos deben servir como referente, cuando abordemos la posición que debemos tener y, en nuestro caso, que tiene el Partido Revolucionario Institucional frente a lo que se ha planteado como una Reforma de Político-Electoral o incluso como una Reforma del Estado.

Primero, que ha sido voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática y federal, laica también; hoy no está en la mesa el tema de la laicidad, pero creo que no hay que perderlo de vista.

Pero no es una ociosidad recordar esto: toda, cualquier aproximación, cualquier propuesta de reforma que pongamos en la mesa, no puede perder de vista que somos una República representativa, democrática y federal.

Por el otro lado, tener en mente que los partidos políticos somos entres de interés público, que debemos promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política, representar los intereses de los diferentes grupos sociales, diferentes grupos sociales, ser intermediarios –por supuesto- entre la sociedad y los poderes del Estado.

Y que como entes de interés público que tienen todos estos objetivos y fines y obligaciones, debemos contribuir a la consolidación de los principios y del sistema democrático y, en ese sentido, y en torno a la Reforma Político-Electoral, contribuir de manera permanente a mantener la certeza, la equidad del sistema político-electoral.

Por lo tanto, debemos proteger y promover todas las instituciones democráticas.

Con eso, puedo empezar ya a platicar lo que es nuestro punto de vista respecto de la Reforma Electoral.

La primera pregunta que nos viene a la mente es ¿para qué queremos una reforma electoral?

Normalmente, ustedes lo saben, históricamente las reformas electorales a las que ha concurrido la comunidad política mexicana han buscado resolver problemas concretos del sistema democrático, que ponían en riesgo el sistema o la convivencia democrática, ampliar derechos de los ciudadanos, o en su caso, fortalecer el pluralismo y abrir espacios para garantizar la representación de la diversidad plural en los órganos del Estado.

Hoy, así lo he advertido de la mayoría de las participaciones y sobre todo de las motivaciones que han externado quienes han convocado al Foro, el objetivo es tener un sistema electoral más austero.

¿Este es un objetivo encomiable?, sí. ¿Es un objetivo que hace necesaria una gran reforma político-electoral? No lo sé.

Nadie se opone al uso racional de los recursos públicos; creo que esta es una exigencia no sólo respecto del sistema democrático y electoral, sino de todo el uso y ejercicio de los recursos públicos. Pero la austeridad en sí misma, no debe ser un fin que se busque lograr, sin tener en mente ¿para qué sirven las instituciones?, ¿cuál es la función que queremos que desempeñen, cómo la deben lograr? y, desde luego, ¿si garantizan o no la esencia del sistema democrático?

Tenemos que evitar involuciones o regresiones en aras de lograr concretar una austeridad; una austeridad que impuesta a rajatabla puede generar centralizaciones antidemocráticas, puede subvertir decisiones políticas fundamentales de los mexicanos, como es el sistema federal o, incluso –en otros ámbitos ya lo hemos visto-, puede generar perjuicios graves a la ciudadanía, al no poder contar con el acceso a servicios públicos básicos como es el de salud.

Entonces, austeridad sí, siempre y cuando no ponga en riesgo el pluralismo democrático, la representación de la ciudadanía, como ha mandatado el pueblo mexicano en su Constitución, la autonomía de las instituciones, en este caso, electorales del Estado mexicano, el empoderamiento de los ciudadanos y, por supuesto, la gobernabilidad democrática de nuestro país.

Vale la pena recordar que todas las reformas político-electorales han tenido, primero, un amplio consenso de la pluralidad política, han surgido –de hecho- de la exigencia de la pluralidad política y de la oposición para transformar el sistema político mexicano y hacerlo más democrático, más equitativo, más transparente, más justo y también más eficiente.

Esta reforma política que estamos hoy, no sé si analizando, pero abordando, es una reforma política que increíblemente surge, por primera vez en la historia de la democracia mexicana, desde la hegemonía del poder presidencial.

En 1977, ustedes recordarán, la lógica de esa reforma fue abrir el sistema a la pluralidad; en 1990, construir o consolidar un órgano autónomo que organizara y administrara las elecciones; en 1996, ciudadanizar el órgano; en 2007, la equidad en el acceso a los medios de comunicación; en el 2014, particularmente la paridad, la reelección consecutiva, la nulidad por rebases de topes e incorporar la figura de coalición, de gobierno de coalición.

Entonces, en 2019, nos tenemos que plantear ¿cuál es el objetivo que estamos buscando? No nos queda claro que sea un objetivo amplio, compartido, que amerite abordarlo.

O una tercera consideración. La primera es los principios democráticos que tenemos que tener en mente; la segunda es la construcción de consensos para abordar cualquier reforma político-electoral, más una Reforma del Estado.

La tercera, una aproximación integral. Si queremos una democracia más austera, que siga siendo eficiente, que sea de calidad y que no subvierta los principios democráticos, necesitamos aproximarnos de manera integral.

No podemos decir: vamos a hacer una democracia más barata, reduciendo nada más el 50 por ciento del financiamiento de los partidos políticos, o eliminando los Oples, o eliminando consejeros del Instituto Nacional Electoral.

Necesitamos aproximarnos al sistema en su conjunto, no sólo a los partidos políticos, no sólo de manera aislada a los Oples. Tenemos que entender las distintas instituciones que conforman el sistema: ¿para qué sirven, qué hacen, cómo lo hacen?

Evaluar la eficiencia de sus funciones, también a la luz –desde luego- de los recursos públicos que reciben; pero a la luz de sus resultados. Y haciendo eso, podremos identificar dónde hay áreas de oportunidad, sin alterar el equilibrio democrático, la eficiencia de las instituciones, su autonomía ni ninguno de los principios democráticos que debemos promover todos y cada uno de nosotros.

Problemas concretos a los que me gustaría referirme, porque se han planteado en a lo largo de estos foros.

Primero, la reducción o eliminación de los legisladores plurinominales, me parece que como una aproximación absoluta implica una regresión, implica un riesgo de sobrerrepresentación de las mayorías electorales. Un ejemplo, si no hubiera sistema de representación proporcional, la coalición hoy gobernante en nuestro país, tendría el 73 por ciento de las curules en la Cámara de Diputados, habiendo obtenido únicamente el 42 por ciento de la votación ciudadana.

Segundo tema: la reducción del financiamiento público de los partidos en 50 por ciento. Como un objetivo en sí mismo, me parece que puede ser deseable reducir el financiamiento público, pero decir reducimos a rajatabla 50 por ciento, otra vez es confundir los fines, los medios, los objetivos.

Si puede ser más racional el sistema de partidos, desde luego que sí. Pero hay –esa es la visión que tenemos en el PRI, hemos presentado iniciativas para ello-, hay que replantear la fórmula de asignación del recursos público.

Si nosotros tomamos, hace décadas la decisión de que mayoritariamente los partidos políticos recibirían financiamiento público y hoy la queremos repensar, repensémosla. Y pensemos una nueva fórmula de asignación de recursos públicos, donde el 50 por ciento, por ejemplo, de esa asignación sea equitativa y el resto, responda al resultado electoral.

Pero cambiemos, cambiemos el tope de recursos privados que se pueden recibir ¿por qué no? Tenemos las instituciones, el expertis en fiscalización que hemos desarrollado durante lustros; perdámosle un poquito la desconfianza al dinero privado, siempre y cuando sea fiscalizado, transparente y que cada partido pueda acceder a un mayor porcentaje de recursos públicos, para no poner en riesgo la totalidad de sus funciones y, por supuesto, para no poner en riesgo el pluralismo político.

Tercer tema, la reducción o eliminación de los consejeros electorales o de los Oples. Me parece que aquí estamos en riesgo de subvertir el sistema federal.

Tomamos una decisión de tener un sistema electoral federalizado. Y creo que hay que ver con mucho cuidado si vamos a determinar quitarle esta función a las entidades federativas. Hay una falsa disyuntiva entre ahorro e instituciones, evaluemos lo que hacen los Oples, veamos cómo podemos reducir duplicidades, su eficiencia, el dinero público que reciben.

Revisemos también el número de magistrados locales, pero con criterios demográficos, geográficos que atiendan a la realidad, de la complejidad y pluralidad que cada Tribunal local atiende. No es lo mismo Oaxaca, con su diversidad pluriétnica y política, que a lo mejor un estado como Aguascalientes.

Cuarto tema y con esto prácticamente concluyo: el riesgo de generar regresiones muy importantes para nuestra democracia permitiendo, por un lado, la injerencia del Poder Ejecutivo en cualquier nivel en los procesos electorales, a través de figuras que aparentemente son de democracia directa, pero que subvierten otra vez al sistema representativo, como puede ser la revocación de mandato, que ya hemos dicho no vamos a apoyar en sus términos.

La figura de consulta popular como se está planteando, que no están planteadas hoy como figuras que empoderen a los ciudadanos, sino como figuras que buscan apuntalar y atrincherar al Poder Ejecutivo, subvirtiendo la representación que manda la Constitución y subvirtiendo el principio de pluralidad.

Para concluir, decir ¿qué queremos? Una democracia que sea eficiente, que sea cercana, que sea de calidad, que empodere al ciudadano.

Y para eso, necesitamos instituciones fuertes, un sistema de partido fuerte, un sistema político-electoral que garantice los principios democráticos. Eso ¿está peleado con la austeridad? No, pero hay que abordarlos desde un punto de vista integral, no a rajatabla, imponiendo recetas falsas, que pueden poner en riesgo todo lo que hemos construido.

Tenemos que pensar nuestro sistema electoral como un espacio de oportunidad, para que las fuerzas políticas puedan acceder al poder, no como un pretexto para que una fuerza política se mantenga en el poder.

Hay que evolucionar, no hay que involucionar. Hay que tener visión de Estado, no visión de gobierno.

Muchas gracias.

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Claudia Ruiz Massieu, durante los Foros de Parlamento Abierto para el Análisis y Discusión de la Reforma Electoral


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